Historia y evolución de los derechos de exportación

Los derechos de exportación (DEX) son tributos que gravan los bienes que se comercializan al exterior, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente, es decir, al precio FOB (por sus siglas en inglés Free On Board que traducido al español quiere decir Libre a Bordo).

En Argentina, este tributo, tiene historia. Con el Plan de Convertibilidad en abril de 1991, se eliminaron los DEX al maíz, el trigo y los subproductos de soja, con excepción del poroto, sobre el cual se estableció una alícuota del 6% y, posteriormente, se reduciría a su mínimo histórico en noviembre de 1992 llegando al 3,5%. Sin embargo, tras la finalización de la convertibilidad, desde marzo de 2002 el Gobierno Nacional reintrodujo los DEX nuevamente en su política tributaria.

La mayor alícuota para el trigo se presentó en junio de 1989 posicionándose en 30% y manteniéndose hasta agosto de aquel año, para luego, ir reduciéndose hasta llegar a 0% en noviembre de 1990. Mientras que, para el maíz, el mayor porcentaje registrado fue del 31% en octubre 1984, y se redujo al 0% a fines del año 1990. En marzo de 2002, los DEX para ambos cultivos se ubicaron en el 10%, para luego subir al 20% en abril, manteniéndose por un período de cinco años. A fines de 2008, los DEX para el trigo suben nuevamente, para ubicarse en un nivel del 23%.

En diciembre de 2015, con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, nuevamente se eliminan los derechos de exportación, con la excepción del complejo sojero, el cual experimentó una baja de cinco puntos porcentuales en la alícuota, alcanzando el 30% para el poroto y del 27% para sus subproductos. Sin embargo, en septiembre de 2018 se restablecen los DEX para el maíz y el trigo, posicionándose en 10,4%. Mientras que, en el Gobierno de Alberto Fernández se incrementaron las alícuotas para el complejo sojero, el maíz y el trigo, las cuales se mantienen a la fecha.

 

A continuación, se resumen en la tabla N°1 los derechos de exportación vigentes para los distintos productos de la cadena agroindustrial. Observamos que al complejo sojero es al que mayor alícuota se le aplica, con el 33% para el poroto y el 31% para sus subproductos, teniendo en cuenta que la harina de soja es el principal producto exportado de Argentina.

 

En la escala le siguen algunos cereales como el trigo, sorgo, maíz y cebada a los cuales se les aplica el 12% en concepto de DEX. En el rango del 5% al 7% se encuentran los abonos minerales, harina de maíz, carne bovina y caballar, maquinaria y harina de trigo.

Por otro lado, en septiembre de 2023 se estableció a través del Decreto N°462 la eliminación de los derechos de exportación de las economías regionales, entre las que se incluye el complejo arrocero, manisero, vitivinícola, pescado y cítricos con la finalidad de incentivar la producción y posterior comercialización de productos con agregado de valor.

A principios de agosto del corriente año, el gobierno sancionó el Decreto N° 697 a través del cual estableció una alícuota del 0% de los derechos de exportación para ciertos productos lácteos y sus derivados, así como también para la categoría vaca (excepto animales vivos).

Recaudación por derechos de exportación

En los últimos 21 años, el agro aportó más de USD 150.000 millones en concepto de derechos de exportación (a precios de septiembre de 2024 y considerando únicamente los principales productos exportables: complejo sojero, maíz y trigo).

La recaudación proveniente de este tributo alcanzó los valores más elevados durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de elevados precios de los granos. En segundo lugar, la gestión que más recaudó fue la de Alberto Fernández, promediando USD 29.900 millones. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que, en promedio fueron USD 22.257 millones de USD y en cuarto lugar Néstor Kirchner con USD 18.790 millones. Mientras que, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudando en concepto de DEX USD 5.680 millones.

Precios de los granos por presidencia

Si se calculan los precios FOB promedios, máximos y mínimos en términos reales (a precios de septiembre de 2024) para cada administración presidencial, en el caso de la soja el precio promedio más alto fue de USD 662 por tonelada experimentado durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con un máximo de USD 889 y un mínimo de USD 462 por tonelada. Si ponemos el foco en el precio promedio más bajo de la serie, la gestión de Néstor Kirchner (NK) exhibió un valor de USD 413 por tonelada, con un máximo de USD 645 y un mínimo de USD 329 por tonelada. En el periodo que transcurrió desde la asunción de Javier Milei (JM) hasta septiembre del corriente año, el precio promedió los USD 432 por tonelada, ubicándose como el segundo menor precio promedio de la serie.

 

En el caso del maíz, el mayor precio promedio se manifestó en el primer mandato de CFK con un valor de USD 308 por tonelada, con un máximo de USD 439 y un mínimo de USD 208 por tonelada. Al igual que en la soja, el precio promedio más bajo para el maíz fue de USD 186 por tonelada que se presentó durante el gobierno de NK. El precio actual del cereal no se encuentra muy alejado de ese promedio ya que hasta septiembre se posiciona en USD 194 por tonelada.

 

Por último, para el trigo el precio promedio más alto fue de USD 391 por tonelada que también se presentó durante el segundo mandato de CFK, con máximos que alcanzaron los USD 493 por tonelada y mínimos de USD 245 por tonelada. Mientras que, en la actualidad se experimentan los precios más bajo de la serie con USD 258 por tonelada en promedio, con un valor máximo de USD 289 y un mínimo de USD 222 por tonelada.

Inversión del agro

Para dimensionar la importancia del sector en la economía del país, basta con analizar la inversión que se realiza año tras año para llevar adelante la producción. Por campaña, los productores invierten a nivel nacional más de USD 13.800 millones para producir soja, maíz y trigo. De esta manera, los productores agrícolas argentinos invierten más de USD 55.000 millones por período presidencial (cuatro años), monto similar a las primeras inversiones proyectadas por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

 

En Córdoba, el monto invertido en la producción de granos supera los USD 3.700 millones al año, solo considerando los costos directos de producción. Observando el promedio de las últimas compañas, más del 85% de la inversión se explica por los cultivos de maíz (43%) y de soja (42%).

Sin embargo, de cara al ciclo 2024/25, dada la caída estimada en más de 900.000 hectáreas en el área sembrada de maíz, el cereal pasaría a explicar poco más del 30%. Mientras que la soja, representaría el 47% de la inversión, dado que más del 90% del área que dejaría “vacante” el cereal, sería ocupada por la oleaginosa. En total, se invertirían USD 3.600 millones.

Efecto de los derechos de exportación sobre los productores

Los derechos de exportación disminuyen el precio recibido por el productor que, expresado en quintales por hectárea (qq/ha), representan una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional por el equivalente a 14 qq/ha en el caso de la soja (1400 kg/ha), 10 qq/ha en el maíz (1000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), considerando las alícuotas vigentes.

En Argentina más del 70% de la producción de granos es llevada a cabo en campos arrendados. Este costo en Córdoba promedia los 11,5 quintales de soja por hectárea y el contrato más utilizado es a quintales fijos de soja por hectárea. A raíz de esto, gran parte de los productores deben afrontar un arrendamiento independientemente del resultado que obtengan durante el ciclo productivo.

 

La rentabilidad de los productores de cara a la campaña 2024/25 enfrenta una situación delicada debido al escenario bajista en los precios internacionales. En el caso de la soja, del total de ingresos que se generan de una hectárea en Córdoba, el productor no recibe ningún tipo de ingreso luego asumir el riesgo de realizar la inversión y producir. Mientras que, la mayor parte de lo generado, se lo lleva el Estado Nacional mediante los derechos de exportación.

De esta manera, los ingresos que genera una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), el 33% se lo lleva el Estado Nacional, el 27,4% los costos directos de producción, el 27,1% el arrendamiento y el 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento). Por lo tanto, con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio.

Además, durante los últimos años, los productores no solo se vieron afectados por los derechos de exportación, sino también por la brecha cambiaria. La cual, no solo dificulta el correcto funcionamiento de la economía, sino que también actúa como un impuesto adicional, ya que las ventas de granos son liquidadas al tipo de cambio oficial. No obstante, para brindar un tipo de cambio más atractivo y así incentivar las ventas por parte de los productores, se han implementado sucesivos programas de incremento exportador (PIE). En la actualidad, dicho programa continua en vigencia, y las exportaciones son liquidadas al tipo de cambio denominado “blend” compuesto por el 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del dólar contado con liquidación (CCL).

Bajo la gestión del gobierno de Alberto Fernández, la brecha entre el dólar oficial y el blue promedió el 85%. En lo que va de la actual administración, dicha diferencia se posiciona en los niveles más bajos de los últimos cuatro años, promediando el 30% en lo que va del 2024.

Mientras más baja sea la brecha, mayor es el precio recibido por el productor en dólares, lo cual se observa en los siguientes gráficos. En el caso de la soja, el precio disponible ajustado al dólar MEP, ha subido casi un 35 % desde julio, pasando de USD 200 Tn a USD 270 Tn. Mientras que, la suba del maíz fue del 37%, al pasar de USD 113 Tn a los USD 155 Tn actuales.

Conclusiones

Los derechos de exportación son un tributo sumamente distorsivo que generan distintos efectos negativos a nivel microeconómico (productor) y macroeconómico. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:

 

• Disminuyen el precio recibido por el productor
• Distorsionan los precios relativos, alterando la asignación eficiente de recursos en la economía
• Disminuyen la capitalización de los productores agropecuarios
• Desvalorización de la tierra agrícola
• Al ser arbitrarios, generan incertidumbre ante posibles cambios en sus niveles
• Desalientan inversiones y adopción de tecnología en la producción agropecuaria
• Disminuyen la sostenibilidad de los sistemas productivos como consecuencia de una menor aplicación de fertilizantes por falta de incentivos económicos
• Menor producción agropecuaria

En prácticamente todo el mundo el sector agropecuario recibe subsidios, mientras que, Argentina es uno de los pocos países que aplica derechos de exportación. Más allá del signo político del Gobierno Nacional, en la historia reciente se han utilizado, en mayor o menor medida, con fines recaudatorios. En este sentido, el orden macroeconómico es fundamental para poder disminuir y, consecuentemente, eliminar los derechos de exportación, lo cual redundaría en beneficios para toda la cadena agroindustrial a través de una mayor inversión en tecnología (semillas, profesionalización, fertilizantes, maquinaria agrícola, agricultura de precisión) que aumente la producción agrícola y, con ellos, los volúmenes exportados, generando mayores ingresos de divisas para el país y empleos a nivel regional.