La medida se oficializó a través de la Resolución 639/2023, publicada el pasado 5 de abril en el Boletín Oficial
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció que inscribirá de oficio en sus registros a aquellos trabajadores y empleadores que estén registrados en el Sistema de Seguridad Social, a través de sus declaraciones en AFIP y estén vinculados a la actividad rural.
La medida se oficializó a través de la Resolución 639/2023, publicada el pasado 5 de abril en el Boletín Oficial. Entre algunas de las argumentaciones, señalaron que existen sectores de la ruralidad sin registrarse, situación que deja a muchas familias que pertenecen a ese ámbito sin beneficios y sin cobertura de la prestaciones por desempleo y fallecimiento.
SIMPLIFICAR EL REGISTRO
Con esta decisión, el organismo señaló que busca simplificar la registración y regularizar la situación en el sector. El presidente de la entidad, José Voytenco, analizó el alcance de esta medida. “La informalidad excluye a las y los trabajadores de sus derechos lo que imposibilita el acceso a los beneficios de la seguridad social”.
En este punto, el directivo consideró que “continuaremos trabajando con todos los recursos necesarios, como las fiscalizaciones y la implementación de la inscripción de oficio que permiten así un incremento de la registración”.
Adrián Luna Vázquez, director y tesorero del Renatre, señaló que si bien en los más de 20 años de existencia inscribieron a una gran cantidad de trabajadores y empleadores rurales, aún existe un alto porcentaje sin registrar. “Decidimos avanzar con esta decisión que permitirá hacer más eficiente la registración de las y los trabajadores”, afirmó.
A partir de una salida anticipada de la hacienda por efectos de la seca, los feedlots elevaron sus niveles de encierre. En paralelo, se percibe una mejora en sus números de rentabilidad en los dos últimos meses, de acuerdo a un trabajo elaborado por Juan Manuel Garzón, de la Fundación Ieral.
Como base, el análisis midió la cantidad de maíz que se puede comprar con la venta de un novillito,, una vez descontado el costo de la invernada. En enero de 2023, la ecuación arrojaba unos 1.443 kilos de maíz, un poder de compra que era un 40% menor al promedio de los últimos 13 años.
Por su parte, entre febrero y comienzos de abril, la venta de un novillito permitió comprar 2.165 kilos de maíz. Este volumen fue un 50% superior en comparación al primer mes del año.
“La situación mejoró considerablemente, pero debe advertirse que queda una brecha todavía del 10% respecto al poder de compra promedio del período 2010/2022, la brecha que era del 40% se redujo al 10%”, explicó Garzón.
En este caso, consideró que la mejora se explica más por el cambio de precios relativos de categoría de animales, que por el mayor poder de compra de la hacienda en términos de maíz.
SUBA EN EL PRECIO DE LA HACIENDA
Por su parte, con la suba de precios de hacienda de febrero y marzo y cierta estabilización en el precio del maíz, el poder de compra de la hacienda en términos del cereal mostró una mejoría.
En enero, se compraban 7,4 kilos del cereal por cada kilo de novillito vendido, relación que pasó a ser de 9,3 en el mes de marzo, un 26% más. “Esta suba también ha contribuido a la mejora de la situación económica del engordador”, sostuvo.
Más allá de este panorama, advirtió que el nivel actual de este indicador está todavía bastante por debajo de su media reciente, unos 12,3 kilos de promedio en el período 2010-2022. “Y mucho más lejos aún de los que fuesen sus mejores años, 14,9 kilos en 2014 y 19,4 kilos en 2015”, agregó.
Para que este efecto favorable se extienda, Garzón remarcó que será fundamental que los precios de la hacienda, en particular de sus categorías de mayor edad y kilaje, se mantengan firmes a futuro. “Para que esta condición se cumpla, es clave la evolución que muestre la demanda, tanto interna como externa”, sostuvo.
Y agregó: “Un riesgo macroeconómico muy latente con potencial de daño sobre la actividad del engorde y la ganadería en general es un salto en el tipo de cambio oficial, que incremente los costos de producción, en particular los de sanidad y alimentación”.