Un informe de un consultor privado estimó que la pérdida fiscal que tendría el Gobierno es mucho menor a lo que ganaría la economía por las ventas de los granos que están sin vender o sin precio.

El complejo agroexportador argentino comenzó a hacer números, para analizar posibles impactos en la baja de las retenciones, tanto en la soja como en sus derivados.

Descartada por el momento una quita total de los derechos de exportación, uno de los escenarios que comenzó a posicionarse es un horizonte de 25% en este impuesto para la cadena sojera, que hoy sufre una alícuota del 33%.

De acuerdo a un trabajo elaborado por el consultor en agronegocios Pablo Adreani, un 25% de derechos de exportación en soja representaría un costo fiscal equivalente en pesos a U$S 960 millones para el Gobierno.

Pero, “considerando que quedan sin vender y sin fijar cerca de 21 millones de toneladas de soja de la cosecha actual, 13 millones de toneladas físicas y disponible en poder de productores y 8 millones de toneladas pendientes de fijar, este volumen equivale a u$s 8.600 millones”, remarcó.

Es decir, que si se produjera esta baja de 8 puntos en los DEX de la soja, el costo fiscal sería muy interior a lo que ganaría el conjunto de la economía en general y el Gobierno también, porque sería un alivio ante la siempre presionada oferta de dólares.

Uno de los datos a tener en cuenta es que este ingreso de divisas que podrían volcar los productores a la economía se concentraría entre septiembre y diciembre de este año.

Adreani subraya que se trataría de divisas frescas que ingresarían en un período en donde las liquidaciones bajan –por una cuestión estacional- y permitiría realizar el empalme con la cosecha fina 2024/25 sin sobresaltos.

EL IMPACTO DE LAS RETENCIONES

Adreani recordó además que Argentina viene perdiendo mucho terreno en la producción sojera: a partir del ciclo 2015/16 la superficie sembrada de la oleaginosa sufrió una reducción ininterrumpida, hasta llegar a 16,9 millones de hectáreas.

De este modo, en el lapso de una década, la superficie implantada del cultivo perdió 3,9 millones de hectáreas. En este contexto, el consultor estimó que se vieron afectadas tanto las zonas alejadas del puerto –NOA y NEA– como la región núcleo.

“Por las retenciones, en la última década se perdieron u$s 28.502 millones: la caída en la superficie de siembra y producción de soja, el principal cultivo generador de divisas del país, afecto la molienda de soja y a las exportaciones de aceite de soja y harina de soja producidos por la industria aceitera”, agregó el informe.

ALGUNAS VENTAJAS

En su informe, Adreani enumeró cuales serían las ventajas que representa para la cadena de valor sojera la reducción de este ipuesto:

• Mejora y diversifica la matriz productiva y agroexportadora.
• Estabiliza el ingreso de divisas provenientes de la soja y todo su complejo agroindustrial, aceite y harina de soja, durante 12 meses, al reducir la dependencia de cultivos más estacionales como el maíz y el trigo.
• Reduce el riesgo climático al diversificar el portfolio productivo al expandirse y reinsertar el cultivo de soja a zonas del NOA y NEA, originalmente productores de dicha oleaginosa.
• En los últimos años la menor superficie de soja produjo un aumento en la superficie de los cultivos que se consideran de economías regionales que no aportan ingreso al fisco, por no tener retenciones.
• Por cada 1 millón de hectáreas de soja adicionales se producen 3 millones de toneladas, por un valor de mercado de u$s 1,200 millones
• Aumenta la producción de soja 2025 al promover la siembra en esta cosecha, con un incremento probable de 11 millones de toneladas, de 50 a 61 millones; de acuerdo al estudio presentado por la BCBA. Con este nivel de producción el ingreso de divisas probable para el 2025 podría superar los U$S 23.000 millones.

Ambas líneas de crédito tienen como objetivo promover la tecnificación y competitividad de la agroindustria. Esta iniciativa inédita, que se ejecuta a través del BICE y podrá replicarse en todas las entidades financieras, permitirá a los productores abonar en pesos sobre una cantidad de producto mensual fija según el precio de referencia al momento del pago, lo que brinda previsibilidad.

En el caso de los créditos en soja la cuota se fija en toneladas de producto y se abona en pesos tomando el valor del “Precio Soja” del día anterior al momento del pago.

El préstamo, destinado a proyectos de inversión, como la compra de equipamiento nuevo y la construcción de instalaciones productivas, se otorga con un plazo de hasta 60 meses flexible, es decir, que acompaña la evolución del precio de la soja. Esto quiere decir que ante una baja del precio del producto se estira el plazo del crédito y ante una suba se reduce.

La línea se ejecuta en forma directa a través de la entidad financiera y tiene un monto máximo de hasta $300 millones por solicitante. Está dirigida a personas humanas (con aval de SGR o Fondo de Garantía Público) o jurídicas que sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con certificado MiPyME vigente al momento del otorgamiento.

Por su parte, la línea para el sector tambero ofrece créditos otorgados en UVA pagaderos en litros de leche. Esto implica que la cuota se fija en litros de producto y se abona en pesos tomando el valor SIGLeA del día anterior al de pago.

Este nuevo paquete de financiamiento se complementa con el lanzado a fines de julio y que ya otorgó los primeros créditos a productores tamberos de Córdoba y Santa Fe. En este caso, al igual que la línea para soja, ofrece un monto de hasta $300 millones por empresa y cuenta también con un plazo de 60 meses, a extenderse o reducirse de acuerdo a la evolución del precio de la leche.

Con este nuevo instrumento, que se ejecuta en forma directa a través de BICE, se busca que PyMEs del sector tambero puedan adquirir sistemas de ordeñe robóticos, rotativos, automatización de salas, sistemas de monitoreo, tanques de refrigeración, pasteurizadores y mejora de las instalaciones, entre otras inversiones que les permitan tecnificar y potenciar su producción