La situación económico-social se agrava, ante una dinámica inflacionaria cada vez más sostenida. En abril el IPC general creció 8,4% mensual, y los alimentos lo hicieron 10,1%, creciendo como casi siempre detrás de Indumentaria, que lideró las subas con un 10,8%. Esta dinámica no es adecuadamente atendida por la política económica, con cepos, múltiples tipos de cambio y controles de precios que no pueden frenarla. Es más, son medidas que aceleran una inflación de origen monetario-fiscal, por la emisión para financiar el déficit, pero que ya adquiere una dinámica inercial creciente mes a mes.

Al respecto, el gobierno anunció que analiza la importación de alimentos libres de aranceles, como otra nueva «medida» contra la inflación. No deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica.

Por caso, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay aumentó en abril 7,6% anual, con un alza mensual de 0,7%, incluyendo una suba mensual de 1,9% para los alimentos, claramente distante de los guarismos de la Argentina.

El Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central, que refleja el promedio de estimaciones de las consultoras, arroja para 2023 una inflación de, por ahora, 128% anual.

¿Tiene sentido usar las muy escasas reservas del Banco Central para gastarlas en importaciones de alimentos? Cuando esas reservas son imprescindibles para importar insumos que no se producen en el país, desde fertilizantes hasta piezas y accesorios de tecnologías varias para distintas actividades productivas. ¿Qué y cuáles alimentos se importarían? ¿Qué impacto tendrían en la medición del IPC? ¿Qué impacto tendrían realmente en la canasta de consumo de las familias?

¿Qué implicarían para determinadas producciones de alimentos nacionales, que van a vender aún menos, y así, agravar la crítica situación financiera de las empresas y golpear más la cadena de pagos? ¿Qué pasaría con los productores de frutas, verduras, carne, leche y otras producciones regionales, que reciben un precio interno que no cubre costos, tienen serios problemas de rentabilidad, no pueden ser competitivos con este tipo de cambio, y, paradójicamente, el consumidor no puede pagar el precio de estos alimentos, inflados de impuestos?

Las soluciones pasan por aplicar una nueva política antiinflacionaria, eliminando el déficit fiscal. Además, promoviendo la producción y las exportaciones, por ejemplo, avanzando en el Acuerdo Unión Europea- Mercosur, paralizado por este gobierno, donde se podrían exportar más alimentos, y no sumando importaciones innecesarias.

En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés.

Fuente: CRA

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, por el derrumbe de la cosecha local, el complejo oleaginoso deberá importar 10,7 millones de toneladas y destinar U$S 5.500 millones a ese destino.

Uno de los efectos más visibles de la caída productiva en soja es el fuerte recorte que sufre la economía argentina en materia de ingresos divisas. Pero en paralelo, se generan otras distorsiones que también impactan al momento de contabilizar dólares.

El menor volumen disponible de poroto afecta el volumen de exportaciones, pero también es un dolor de cabeza para el complejo de crushing sojero, que cuenta con menos materia prima para trabajar. Si bien la industria suele importar poroto –incluso en años con buen nivel de cosecha– este año deberá intensificar su ritmo de compras, con el impacto que esto representará en la balanza comercial.

Con una cosecha de soja que caerá un 50% en relación al ciclo previo, se prendieron todas las luces de alarma en el complejo industrial. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó que para la campaña actual se deberán importar 10,7 millones de toneladas, un volumen récord para el sector.

Este incremento en las importaciones, que buscará cubrir las necesidades de la industria local, tendrá consecuencias: “Las exportaciones netas se ven aún más afectadas”, advirtieron desde la bolsa rosarina. En este sentido, calcularon que como deberá importarse un volumen récord de soja, el sector demandará divisas por US$ 5.500 millones para el pago de importaciones durante el año. 

De esta manera, la liquidación de divisas netas en el mercado de cambios por parte del sector totalizaría US$ 19.400 millones en el 2023, una caída de más de US$ 20.000 millones con relación al año anterior.

HOJA DE RUTA 2023

De acuerdo a la última estimación de la BCR, la producción de soja 2022/23 será de 21,5 millones de toneladas, una caída de más de 50% respecto de lo que se anticipaba al inicio de las siembra. En maíz, el cálculo indica que llegará a 32 millones, un 40% menos en relación a las expectativas iniciales. 

De esta manera, la producción total de granos en Argentina en la actual campaña será de 82 millones de toneladas, muy por debajo de las 127 millones alcanzadas en la 2021/22. Con este volumen de granos, las exportaciones de granos y subproductos correspondientes a la campaña 2022/23 alcanzará las 56 millones de toneladas, un 40% en relación al ciclo previo.